Pozo de Solvay

La Consejería de Cultura del Principado acaba de desbloquear el expediente de reindustrialización del antiguo pozo de Solvay, en la parroquia de Lieres. El Servicio de Patrimonio Histórico ha dictado una resolución por la que levanta la paralización cautelar del derribo de los elementos no catalogados de la parcela, y que estaba vigente desde el 11 de marzo de 2005.

Artículo puesto en línea el 9 de octubre de 2007
última modificación el 13 de octubre de 2007

por Prenseru

9 octubre 2007 www.elcomerciodigital.com(...)

SIERO Y CENTRO

Patrimonio desbloquea el expediente del pozo de Solvay

Cultura autoriza el derribo de los elementos no catalogados de la parcela La resolución incluye la conservación y restauración de la casa de aseo

09.10.07 -

JOSÉ CEZÓN

POLÉMICO. Derribo realizado en marzo de 2005. / PABLO NOSTI

La Consejería de Cultura del Principado acaba de desbloquear el expediente de reindustrialización del antiguo pozo de Solvay, en la parroquia de Lieres. El Servicio de Patrimonio Histórico ha dictado una resolución por la que levanta la paralización cautelar del derribo de los elementos no catalogados de la parcela, y que estaba vigente desde el 11 de marzo de 2005.

Esta resolución permitirá retomar las tareas de desescombro en la parcela de Solvay y que la empresa estatal Hunosa -que es la propietaria de los terrenos- pueda presentar el proyecto de urbanización. Esa superficie acogerá en principio a tres empresas, dos de ellas alemanas.

Cultura ha adoptado esta resolución tan esperada, después de que el Ayuntamiento de Siero haya cumplido con todos los trámites requeridos en marzo de 2005, empezando por la elaboración de un plan especial de protección. Ese documento de aprobación inicial del plan -que acabó elaborándolo la administración local ante la pasividad de Hunosa- se remitió al Principado en diciembre de 2006.

Tras analizarlo la comisión permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, emitió un informe favorable en enero de este año, pero condicionado al cumplimiento de varias prescripciones. Tres meses después, el Ayuntamiento remitió a la consejería un acuerdo plenario que incluía las modificaciones requeridas.

La comisión permanente de Patrimonio informó en mayo pasado de forma favorable ese documento previo a la aprobación definitiva, salvo en lo relativo a la casa de aseos. Ese elemento no figuraba en el catálogo urbanístico ni en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, pero decidieron añadirlo por considerarlo también de «un claro valor cultural». Por tanto, la casa de aseos se rehabilitará y se propuso su inclusión en el catálogo urbanístico, una cuestión de competencia municipal.

Una vez materializada la aprobación definitiva del plan especial de protección de Solvay, la comisión permanente acordó a mediados de setiembre informar favorablemente del levantamiento de la suspensión del derribo.

Expediente polémico

El expediente de reindustrialización de Solvay ha sido uno de los asuntos más polémicos a los que se enfrentó el gobierno tripartito PSOE, IU y Conceyu. La junta municipal de gobierno de marzo de 2005 -que aprobó el derribo de los elementos arquitectónicos no catalogados, que fue paralizado horas después por Cultura- fue muy accidentada y el alcalde de Siero, Juan José Corrales, llegó incluso a expulsar al portavoz del PP, José Antonio Noval, que nunca más retornaría a ese órgano.

Pero mucho más grave fue la división vecinal que se desató en la parroquia, con las dos agrupaciones vecinales enfrentadas. La Asociación de Vecinos Amigos de Lieres (AVAL), que es la mayoritaria, defendía por encima de todo la urgente reindustrialización de la parroquia con arreglo al plan especial, mientras que la Unión Vecinal de Lieres, el colectivo minoritario, reclama una protección global del conjunto arquitectónico de Solvay y una implantación empresarial mucho más restrictiva.

Esta asociación denunció al alcalde de Siero, Juan José Corrales, por firmar el derribo de esos elementos arquitectónicos y la Fiscalía le imputó a él y a los ediles que avalaron la resolución en la junta de gobierno. Sin embargo, todos ellos fueron absueltos por la Audiencia Provincial por considerar que habían obrado según los informes técnicos.